Arrebato medieval de la curia entrerriana mereció repudio generalizado

Publicado 05/10/2007 en www.larepublicadigital.com.ar

La iniciativa anunciada en conferencia de prensa por el máximo jerarca de la Iglesia Católica en la provincia, Mario Maulión, logró el poco común fenómeno de unificar a oficialistas y opositores en una clara postura de rechazo a la ocurrencia curial, que significaría un retroceso sin precedentes en la legislación argentina, a los tiempos previos a la Ley 1420, sancionada en 1884.

La intención, manifestada en conferencia de prensa por el máximo jerarca de la Iglesia católica en Entre Ríos, el Obispo Mario Maulión, de impulsar la derogación de la laicidad de la enseñanza en el marco de la reforma constitucional, tuvo el efecto galvanizador de aglutinar a oficialista y opositores en una poco común coincidencia de posturas, tal como se evidenció al conocerse las reacciones de políticos, funcionarios, candidatos y gremialistas ante el insólito arrebato oscurantista del prelado paranaense.
Al respecto, Maulión reclamó expresamente que en la Constitución reformada sea suprimido el término “laico” para caracterizar al tipo de educación que se imparte en las escuelas públicas de Entre Ríos. La observación apunta específicamente al artículo 203 del texto constitucional hoy en vigencia que determina que la “enseñanza en las escuelas del Estado será gratuita, laica y obligatoria”.

Repudio radical

El candidato a convencional constituyente por la Unión Cívica Radical (UCR), Luis Agustín Brasesco, manifestó que la laicidad de la educación forma parte del núcleo pétreo, es decir, se encuentra entre los temas de la Constitución provincial que la Convención no podrá abordar, por lo que consideró que no se podrá debatir el pedido de la iglesia católica de suprimir el carácter laico de la educación pública en el texto de la Constitución provincial a reformarse.
“Es un tema que está fuera de la discusión en la Convención Constituyente porque ese artículo, vinculado a la educación, está dentro del núcleo petreo, es decir, se encuentra entre los temas de la Constitución provincial que la Convención no podrá abordar”, comenzó diciendo Brasesco, quien agregó: “Se trata de un tema que no se puede modificar porque lisa y llanamente no podrá ser sujeto de debate. No hay nada que debatir”.
De todos modos, el candidato dijo que “por más que pueda ser discutido, no creo que sea necesaria una modificación porque hasta el momento todo ha funcionado perfectamente bien: todas las iglesias han tenido sus escuelas, las religiones han tenido sus distintas universidades -la Católica, la Adventista del Plata-, y hay un respeto total a todas las religiones. Es decir, en Entre Ríos, el sistema laico de la educación ha funcionado perfectamente bien”.
“Los fines de universalidad y de respeto a todas las religiones han sido cumplidos por la Constitución de 1933”, aseveró.
Con respecto al planteo de la Iglesia de que se incluya un preámbulo en la nueva Carta Magna, Brasesco sostuvo que “eso también está fuera de la discusión porque son temas que no están habilitados para ser discutidos”.
“Es un tema que puede ser opinable, hay quienes están a favor y quienes están en contra, pero en lo que hace a la Constitución de Entre Ríos es un tema que está fuera de discusión porque simplemente no está habilitado para ser abordado”, finalizó Brasesco.

La postura de AGMER

Desde la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos, se manifestó un calro repudio a la inciativa del Obispo católico, en un comunicado difundido en horas de la tarde de ayer, que reproducimos para nuestros lectores.
“Más allá de que la laicidad de la educación forma parte del núcleo pétreo de la ley que habilita la reforma parcial de la Constitución, es inadmisible un posicionamiento que intenta retrotraer la historia de la humanidad varios siglos hacia atrás”, se lee en el documento de prensa difundido por la gremial docente que lleva la firma de su secretario general, Sergio Elizar.
Además, señala que “no deja de ser sorprendente que, a espaldas de los nuevos tiempos -donde la diversidad y la pluralidad ideológica, filosófica, religiosa en la cual nuestras comunidades han elegido vivir, en el marco del respeto, la tolerancia- la jerarquía de la Iglesia Católica, con al arzobispo (Mario) Maulión como principal vocero, asuma posiciones propias del medioevo”.
“Reivindicamos la educación pública, gratuita, laica y obligatoria que forma parte de nuestra historia de lucha por la expansión y democratización de la escuela pública y de nuestras mejores tradiciones pedagógicas y democráticas, desde la Ley 1420; la visión progresista de los convencionales del ’33 que la plasmaron en la Constitución provincial; y en la nueva ley nacional de educación”, continúa.
“En este marco, no parece ocioso, más aún en vista de la discusión de una nueva ley de educación para la provincia, resaltar la principalidad del Estado en garantizar la educación como derecho social, la no mercantilización de la educación, la perspectiva de la construcción de una escuela pública y popular que contenga a todos y todas, sin provocar divisiones que la sociedad ya superó y plasmó en un ordenamiento jurídico de más de medio siglo”, finaliza el documento.

Carlín, entre el rechazo y la duda

El candidato a convencional constituyente por el Frente para la Victoria, Mguel Augusto Carlín, explicó que, en caso de formalizarse el planteo realizado por sectores eclesiásticos de eliminar el laicismo en educación, “habrá que analizar dos aspectos: Primero, si está habilitado y segundo, en el supuesto de que esté habilitado, si compartimos o no los criterios que se esbocen ahí”.
El ex vocal del STJ, aclaró que todavía no han recibido el planteo concreto realizado por la Iglesia, y difundido a los medios en una conferencia de prensa ofrecida por monseñor Mario Maulión. “Sólo tenemos las noticias periodísticas. Entonces, llegada la propuesta concreta la tendremos que estudiar”, explicó Carlín y opinó que el tema “tiene dos aristas, la primera es que la convención no dicta una nueva Constitución, sino que reforma la Constitución preexistente, lo cual supone que tienen que tratarse de temas habilitados por ley de la Legislatura que no sólo declara la necesidad y oportunidad de la reforma, sino también qué es lo que puede tratar la convención constituyente”.
En segundo lugar, agregó, “hecha esta determinación, recién ahí entrar a analizar si son receptables o no las propuestas”.
En concreto, para el ex integrante del STJ se trata de determinar si el planteo “está dentro de los temas habilitados o entraría dentro de la parte del núcleo pétreo que es de imposible modificación”. Pero además, “en el supuesto que esté habilitado” habrá que decidir “si compartimos o no los criterios que se esbocen ahí”, sostuvo Carlín, para quien “lo prioritario es determinar si los temas son susceptibles de ser considerados”.

Cibermilitantes para CFK

Publicado en Página/12 - 28/09/2007

“Desde tu máquina, blog a blog, casa por casa, de lo virtual a lo territorial.” Ese es el lema de la que se anuncia como la “primera cibercampaña presidencial del país” y que consiste en la puesta en marcha hoy de una red de mil bloggers que se definen como “cibermilitantes para Cristina Presidenta”. Se trata de miembros de la agrupación Generación K, que así trataran de promocionar a la candidata oficialista entre los 260 mil bloggers, en su mayoría jóvenes de entre 13 y 19 años, que se estima que hay en la Argentina.


La “cibercampaña” que Generación K lanzará a un mes de las elecciones del 28 de octubre próximo viene a reforzar la presencia de la senadora en Internet. Al sitio www.cristina.com.ar que desde hace tiempo da cuenta de las actividades de la candidata, los encargados de la comunicación oficial sumaron en los últimos días un portal interactivo con la dirección www.cristinacobosyvos.com


Esa página no sólo muestra fotos, videos y discursos de la primera dama, sino que ofrece también a sus visitantes incorporar sus propios videos con opiniones. Apunta a la franja del electorado de entre 20 y 40 años.

De la iniciativa de Generación K participarán un millar de ciberactivistas que con ese objetivo fue formado técnicamente al cabo del último año. A diferencia de los sitios existentes –que en estos días mostraron las actividades de Cristina en Nueva York–, un blog es un espacio personal de escritura en el que su autor publica noticias –que pueden contener texto, imágenes e hipervínculos– y en los que recibe respuesta.

“La cibercampaña consistirá en un esfuerzo 24 por 24 durante treinta días en la que cualquier lista que tenga en la cabeza a Cristina Presidente tendrá asistencia técnica para construir su página, diseñar su gráfica, o tener data e imagen sobre algún tema en debate”, explicó Sebastián Lorenzo, de Generación K.

En esa agrupación –que da cuenta de sus acciones en el sitio www.generacionk.org– revistan varios funcionarios de relieve, como el ahora ministro de Economía, Miguel Peirano, y el viceministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo. Generación K cuenta con el auspicio de la Fundación Primero Argentina, de dos kirchneristas históricos que acompañan a Néstor Kirchner desde sus días como gobernador de Santa Cruz: Carlos Lang y Olaf Assef.

“Nuestros militantes son integrantes de casi todos las agrupaciones kirchneristas, algunas peleadas entre sí, pero con un fuerte componente generacional, dado que concebimos a Internet como un recurso muy barato de conectividad social”, contó Lorenzo.

Se estima que en la Argentina hay aproximadamente 260 mil bloggers, en su mayoría jóvenes de entre 13 y 19 años, cuya característica –común en todo el mundo– es ser muy activos y dispuestos a sumarse a las campañas que son de su interés. Esa cifra representa un 10 por ciento de los 2,6 millones de máquinas-hogares conectados en el país, que reúnen a 13 millones de usuarios, la tercera parte de la población argentina.

El caso MCF: la larga batalla contra el oscurantismo

Cuarenta días después de que se comprobara su embarazo, MCF, la joven paranaense de 19 años -afectada por una severa discapacidad mental- que habría sido violada, según denunció su madre, Marta Gauna, por el hermano de su padrastro, pudo acceder al derecho que nuestra Constitución, a través de su Código Penal, le garantiza: un aborto terapéutico, con todas las condiciones de asepsia necesarias para asegurar su total reestablecimiento.

Referido de esta manera, como un incidente burocrático, demorado por los vaivenes administrativos, el hecho pierde su espesor, la verdadera dimensión que tiene, en especial, para los sectores más retrógrados de nuestra sociedad, que no parecen dispuestos a ceder ni un milímetro en sus concepciones medievales, aunque ello implique desobedecer a la Justicia, como quedó demostrado en esta ocasión.

En efecto, el artículo 86 inciso 2 del Código Penal, que el Superior Tribunal de Justicia entrerriano declaró aplicable al caso estipula que : `... el aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta, no es punible... si el embarazo proviene de una violación o un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. En este caso el consentimiento de su representante legal deberá ser requerido" (NdeE: el destacado en nuestro).

Pero no bastó ni la determinación de un Ministro de Salud provincial, que, una vez conocida la oposición de la Iglesia Católica -a través de sus personeros en el Poder Judicial y en el sistema público de salud- había proclamado el respeto a lo que disponen las leyes, ni el pronunciamiento del máximo tribunal al respecto, para que la joven, víctima de una situación social de extrema precariedad, que la expuso a la calamidad de un embarazo ni siquiera remotamente deseado, pudiera acogerse a la protección que -al menos en lo formal-, el Estado debía brindarle.

Pesó más el poder nefasto del oscurantismo, expresado en las descabelladas apreciaciones de la Defensora Oficial y la Jueza que interpusieron inadmisibles recursos, así como en el perverso accionar desplegado por un "padre" sorprendentemente reaparecido después de dieciséis años de desentendimiento e indiferencia -cuya manipulación por parte de la corporación de abogados católicos se hizo evidente apenas entró en escena-, o la última y determinante negativa de los obstetras del Hospital San Roque a practicar la intevención, negándole así a MCF y a su madre, responsable de su tutela, los derechos que nuestro orden republicano garantiza a todos los ciudadanos de nuestra nación.

¿Es posible que un puñado de fanáticos religiosos puedan impunemente poner de rodillas a un gobierno provincial, que se vio obligado a recurrir a un hospital en otra jurisdicción, a 900 km de distancia, para encontrar un equipo de profesionales idóneos, moralmente íntegros y respetuosos de la ley?

¿Puede acaso un grupúsculo fundamentalista ignorar el dictamen de la máxima autoridad judicial sin sufrir ningún castigo por su conducta antijurídica?

¿Sigue estando la Iglesia por encima del Estado en Entre Ríos?

Queremos creer que no. Y que por eso mismo, el Estado tomará las medidas pertinentes para que un hecho de estas características no vuelva a repetirse.

No esperamos ver una purga del Poder Judicial, para librarlo del cariz inquisitorial que aún parece imperar en muchos juzgados, pero sería un gesto saludable que la Defensora Oficial Marcela Piterson y la jueza de Menores Claudia Salomón, junto a los integrantes de la Cámara Civil de Paraná que hicieron lugar a sus recursos, fueran llevadas a jury de enjuiciamiento para que rindieran cuentas de su accionar, a todas luces reñido con la normativa vigente que se supone deberían aplicar y defender.

Sería igualmente positivo que los obstetras del San Roque que -resguardándose en la "objeción de conciencia", pero desde una postura anti-abortista militante-, fueran separados de sus cargos y en su lugar, hubiera profesionales cuya obediencia a la Justicia no dependiera de su credo confesional.

Pero lo que de ninguna manera puede dilatarse es la aprobación en el Congreso provincial del decreto reglamentario de la ley que evita la judialización de estos casos, para nunca más de interpongan obstáculos para el acceso al aborto no punible.