Publicado 05/10/2007 en www.larepublicadigital.com.ar
La iniciativa anunciada en conferencia de prensa por el máximo jerarca de la Iglesia Católica en la provincia, Mario Maulión, logró el poco común fenómeno de unificar a oficialistas y opositores en una clara postura de rechazo a la ocurrencia curial, que significaría un retroceso sin precedentes en la legislación argentina, a los tiempos previos a la Ley 1420, sancionada en 1884.
La intención, manifestada en conferencia de prensa por el máximo jerarca de la Iglesia católica en Entre Ríos, el Obispo Mario Maulión, de impulsar la derogación de la laicidad de la enseñanza en el marco de la reforma constitucional, tuvo el efecto galvanizador de aglutinar a oficialista y opositores en una poco común coincidencia de posturas, tal como se evidenció al conocerse las reacciones de políticos, funcionarios, candidatos y gremialistas ante el insólito arrebato oscurantista del prelado paranaense.
Al respecto, Maulión reclamó expresamente que en la Constitución reformada sea suprimido el término “laico” para caracterizar al tipo de educación que se imparte en las escuelas públicas de Entre Ríos. La observación apunta específicamente al artículo 203 del texto constitucional hoy en vigencia que determina que la “enseñanza en las escuelas del Estado será gratuita, laica y obligatoria”.
Repudio radical
El candidato a convencional constituyente por la Unión Cívica Radical (UCR), Luis Agustín Brasesco, manifestó que la laicidad de la educación forma parte del núcleo pétreo, es decir, se encuentra entre los temas de la Constitución provincial que la Convención no podrá abordar, por lo que consideró que no se podrá debatir el pedido de la iglesia católica de suprimir el carácter laico de la educación pública en el texto de la Constitución provincial a reformarse.
“Es un tema que está fuera de la discusión en la Convención Constituyente porque ese artículo, vinculado a la educación, está dentro del núcleo petreo, es decir, se encuentra entre los temas de la Constitución provincial que la Convención no podrá abordar”, comenzó diciendo Brasesco, quien agregó: “Se trata de un tema que no se puede modificar porque lisa y llanamente no podrá ser sujeto de debate. No hay nada que debatir”.
De todos modos, el candidato dijo que “por más que pueda ser discutido, no creo que sea necesaria una modificación porque hasta el momento todo ha funcionado perfectamente bien: todas las iglesias han tenido sus escuelas, las religiones han tenido sus distintas universidades -la Católica, la Adventista del Plata-, y hay un respeto total a todas las religiones. Es decir, en Entre Ríos, el sistema laico de la educación ha funcionado perfectamente bien”.
“Los fines de universalidad y de respeto a todas las religiones han sido cumplidos por la Constitución de 1933”, aseveró.
Con respecto al planteo de la Iglesia de que se incluya un preámbulo en la nueva Carta Magna, Brasesco sostuvo que “eso también está fuera de la discusión porque son temas que no están habilitados para ser discutidos”.
“Es un tema que puede ser opinable, hay quienes están a favor y quienes están en contra, pero en lo que hace a la Constitución de Entre Ríos es un tema que está fuera de discusión porque simplemente no está habilitado para ser abordado”, finalizó Brasesco.
La postura de AGMER
Desde la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos, se manifestó un calro repudio a la inciativa del Obispo católico, en un comunicado difundido en horas de la tarde de ayer, que reproducimos para nuestros lectores.
“Más allá de que la laicidad de la educación forma parte del núcleo pétreo de la ley que habilita la reforma parcial de la Constitución, es inadmisible un posicionamiento que intenta retrotraer la historia de la humanidad varios siglos hacia atrás”, se lee en el documento de prensa difundido por la gremial docente que lleva la firma de su secretario general, Sergio Elizar.
Además, señala que “no deja de ser sorprendente que, a espaldas de los nuevos tiempos -donde la diversidad y la pluralidad ideológica, filosófica, religiosa en la cual nuestras comunidades han elegido vivir, en el marco del respeto, la tolerancia- la jerarquía de la Iglesia Católica, con al arzobispo (Mario) Maulión como principal vocero, asuma posiciones propias del medioevo”.
“Reivindicamos la educación pública, gratuita, laica y obligatoria que forma parte de nuestra historia de lucha por la expansión y democratización de la escuela pública y de nuestras mejores tradiciones pedagógicas y democráticas, desde la Ley 1420; la visión progresista de los convencionales del ’33 que la plasmaron en la Constitución provincial; y en la nueva ley nacional de educación”, continúa.
“En este marco, no parece ocioso, más aún en vista de la discusión de una nueva ley de educación para la provincia, resaltar la principalidad del Estado en garantizar la educación como derecho social, la no mercantilización de la educación, la perspectiva de la construcción de una escuela pública y popular que contenga a todos y todas, sin provocar divisiones que la sociedad ya superó y plasmó en un ordenamiento jurídico de más de medio siglo”, finaliza el documento.
Carlín, entre el rechazo y la duda
El candidato a convencional constituyente por el Frente para la Victoria, Mguel Augusto Carlín, explicó que, en caso de formalizarse el planteo realizado por sectores eclesiásticos de eliminar el laicismo en educación, “habrá que analizar dos aspectos: Primero, si está habilitado y segundo, en el supuesto de que esté habilitado, si compartimos o no los criterios que se esbocen ahí”.
El ex vocal del STJ, aclaró que todavía no han recibido el planteo concreto realizado por la Iglesia, y difundido a los medios en una conferencia de prensa ofrecida por monseñor Mario Maulión. “Sólo tenemos las noticias periodísticas. Entonces, llegada la propuesta concreta la tendremos que estudiar”, explicó Carlín y opinó que el tema “tiene dos aristas, la primera es que la convención no dicta una nueva Constitución, sino que reforma la Constitución preexistente, lo cual supone que tienen que tratarse de temas habilitados por ley de la Legislatura que no sólo declara la necesidad y oportunidad de la reforma, sino también qué es lo que puede tratar la convención constituyente”.
En segundo lugar, agregó, “hecha esta determinación, recién ahí entrar a analizar si son receptables o no las propuestas”.
En concreto, para el ex integrante del STJ se trata de determinar si el planteo “está dentro de los temas habilitados o entraría dentro de la parte del núcleo pétreo que es de imposible modificación”. Pero además, “en el supuesto que esté habilitado” habrá que decidir “si compartimos o no los criterios que se esbocen ahí”, sostuvo Carlín, para quien “lo prioritario es determinar si los temas son susceptibles de ser considerados”.
